En todos los regímenes políticos se da una asimetría entre los órganos y autoridades estatales, por un lado, y las personas y cuerpos sociales intermedios, por otra. Tanto las democracias como las dictaduras coinciden en que la concentración del poder está en manos del Estado, especialmente el monopolio de la violencia. Ahí está precisamente uno de los aspectos de la asimetría. El ciudadano y los cuerpos sociales están en una situación de inferioridad, incluso de peligro, por este hecho. Éste es el motivo por el que, en las democracias verdaderas, se buscan distintos medios para limitar el poder; el básico entre todos, si no se ha enterrado a Montesquieu, es la división en ejecutivo, legislativo y judicial. Uno de los síntomas de dilución de una democracia es precisamente el desleimiento de dicha separación. Cuanto más concentrados estén, más se acercará a un régimen autoritario.
Esta limitación viene dada para garantizar otro tipo de asimetría. El Estado democrático está al servicio de los ciudadanos y de la sociedad y no a la inversa. En las dictaduras no, la asimetría se mantiene en el mismo sentido: los ciudadanos están al servicio del que tiene el poder. Es comprensible que ministros y parlamentarios discrepen de lo que digan los obispos, pero lo que resulta extraño es que, desde su posición de poder, los juzguen; que califiquen de ir contra la verdad a lo que son opiniones, de imputar intenciones no manifestadas o señalar, no lo que tienen que decir, pero sí cómo lo tienen que decir. Si además esto tiene lugar en sede parlamentaria, se da la agravante de que el señalado no está presente para contestar o aclarar su postura. Sobre cómo se manifiestan las opiniones, los gobiernos solamente tienen que actuar cuando se vulnera la ley.
Otra cuestión muy definitoria de una democracia es la concepción del espacio público. Hemos oído decir que el acto fue más político que religioso o incluso que, si los obispos querían entrar en política, se presentaran a las elecciones. Si fue más o menos religioso, eso será una cuestión interna de los católicos. Pero que fue político es evidente. En una democracia, cualquier acto que tiene lugar en un espacio público es político, por la sencilla razón de que crea opinión pública. Los ciudadanos, incluidos los obispos y el resto de católicos, para hacer política no necesitan hacerse políticos profesionales ni presentarse a las elecciones. La política es patrimonio de todos los ciudadanos y, sin perjuicio de diferenciar entre distintos tipos de espacios públicos –el parlamento, los tribunales o la sede del gobierno, por ejemplo, no son lo mismo que la plaza de Colón o un colegio–, el ágora no es monopolio de los órganos estatales o los representantes públicos; cosa que parecen creer los laicistas que mandan a la sacristía a la religión. Las dictaduras sí consideran al espacio público como monopolio del Estado. Si además son totalitarias, también son dueñas del privado.
J. L. Cebrian dijo: «la Iglesia es una de las sociedades menos democráticas de las imaginables». Igual que la familia. El pandemocratismo, por reduccionista, también suele ser poco democrático, pues la democracia es sólo una forma de organización de la res publica.