Con todo, de cuando en cuando, aparece alguna noticia esperanzadora. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estimó parcialmente el recurso de unos padres contra la citada asignatura, declarando nulos algunos de sus contenidos por vulnerar el "principio de neutralidad ideológica de los poderes públicos".
Estoy convencido de que los decretos de EpC quebrantan algunos derechos y libertades, pero ¿dónde aparece ese principio de neutralidad ideológica en la comatosa Constitución española? Neutralidad viene del término latino neuter, que quiere decir ni uno ni otro. Es decir, que, según ese supuesto principio, el Estado y los poderes públicos no serían ni de una ni de otra ideología. ¿Es esto cierto? Lo dudo.
Cualquier ordenamiento jurídico, incluso un régimen de facto, se sostiene en una ideología y nuestro caso no es una excepción. Nuestra Constitución, pese al encarnizamiento terapéutico que sufre, es también reflejo de una cosmovisión de fondo y, por ello, los poderes públicos no pueden ser neutros ante una ideología terrorista u otra que intentase imponer una moral a los demás, aunque fuera sin bombas, por ejemplo. Los poderes públicos no deben ser neutros ante la injusticia o la violación de los derechos, lo que tienen que ser es imparciales respecto a los ciudadanos.
Es más, conforme al art. 9.2 de la mencionada ley fundamental que establece que "corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas" y también "remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud", dichos poderes tienen que tomar partido para que las libertades de cada uno no sean simplemente un enunciado en un papel legal; incluso tienen que actuar en contra de aquello que pueda ser impedimento para que esos derechos sean, en el día a día, verdaderos.
No se trata ni de neutralidad ni de un abstracto, como puede ser una ideología. Se trata de actuación positiva y a favor de las personas concretas para que ellas puedan ejercer, por sí mismas, sus derechos sin que se los escatime nadie. ¿Pero a favor de qué personas? Hay un término en latín, uterque, que significa uno y otro. Los poderes públicos tienen que ser de unos y de otros, de todas y cada una de las personas. Lo suyo, más que la negativa neutralidad, tendría que ser, si se me permite este abrupto neologismo, la positiva "uterquidad".
Esto es así porque, como recordó recientemente Benedicto XVI en Naciones Unidas, la vida social tiene como protagonista a las personas y el cimiento de su ordenación es precisamente la inviolable dignidad de cada uno de los hombres, tanto mujeres como varones. Éste es el principio sobre el que se tiene que sostener todo el edificio social. Para el cristiano, esto tiene, además, una gravedad mayor, pues esa dignidad lo es de la imagen de Dios, que es el hombre.
Ahora bien, ¿este hontanar de vida común es cristalino entre nosotros? En nuestra adormilante mascarada nacional, vivimos sobre la ficción de que lo es, pero no es así. ¿Hemos aclarado alguna vez cuándo estamos ante un ser humano? Lo cual es tanto como definir quién tiene o no tiene derechos, quién es merecedor o no de la protección positiva de los poderes públicos. Ni qué decir tiene que una ley de plazos sería, como mínimo, una burla intelectual. Vivimos edificados sobre arena, sin verdaderos basamentos, por ello, en esta cuestión, dado que éste es el principio de los principios sociales, habría que echar el resto (por cierto, el libro Explorando los genes de N. Jouve da para aclarar ideas y para pensar).
Si lo fundamental está en el aire, si hacemos como si..., la vida social tendrá un elevado componente de ficción. Con esta base, puede pasar lo de EpC y cualquier otra cosa.