La última nota del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal, que considera justa la cusa de dicha manifestación y reconoce que participar en ella es un modo legítimo de servir al bien común, les sirve como coartada para advertir que la Iglesia abandona el recato de la época taranconiana, pretende ocupar la calle y forzar una “legislación católica”, sin reconocer el carácter laico del Estado y la pluralidad de su base social. Pero a pesar de que la biblia del progresismo (léase El País) titulara que “la Conferencia Episcopal convoca a la manifestación contra los matrimonios gays”, lo cierto es que aquí quien convoca únicamente es el Foro Español de la Familia, una organización civil que defiende precisamente el valor civil del matrimonio. La CEE, coherente con su doctrina y con la gravedad del desafío que supone esta legislación única en la historia de la humanidad, ha reconocido que la manifestación está cargada de razones y que es una de las posibles y necesarias respuestas que los católicos están llamados a desarrollar.
El nerviosismo de algunos terminales mediáticos del mundo gubernamental es evidente, porque empiezan a ver que una parte de la sociedad no acepta sin más el trágala de Zapatero. Están tan acostumbrados a silenciar y borrar las voces y las figuras que no encajan en su dibujo de la realidad, que la aparición de una plataforma social que agrupa a miles de personas, que tiene capacidad de organizarse y de comunicar sus razones, les ha producido una irritación indescriptible. Conviene repetir que esta movilización es fruto de la responsabilidad de un grupo de asociaciones que componen una plataforma cívica denominada Foro Español de la Familia, que a pesar de su evidente representatividad social y de la mesura y ponderación de sus razones, no ha logrado alcanzar el rango de interlocutor válido para el Presidente del Gobierno. Y eso a pesar de que el 18J viene precedido por la recogida (estricta y minuciosamente controlada) de más de medio millón de firmas, que forzarán el debate en el Congreso de una Iniciativa Legislativa Popular para blindar la definición de matrimonio como unión entre hombre y mujer. La aritmética parlamentaria podrá impedir que prospere, pero será contra el clamor de una franja muy importante de la sociedad.