Alegría y alborozo por doquier, aunque eso sí, desde la orilla del PSOE se advierte que tal ejercicio (el diálogo) debe hacerse "en la verdad" y "respetando al Gobierno". Y de paso, se recomienda a la Conferencia Episcopal, que como muestra de buena voluntad, desactive la "movilización preventiva" de los católicos.
Diálogo en la verdad significa, por ejemplo, reconocer que por muchos millones de votos que lo avalen, un Gobierno no dispone jamás de un cheque en blanco, y menos aún para modelar la mentalidad social a su antojo. Significa aceptar que hay sujetos sociales con profundo arraigo y notable solera, que pueden criticar duramente las políticas gubernamentales, sin verse por ello amenazados con el exilio de la vida pública. Significa también que cuando se habla de "derechos sociales", no basta poner sobre la mesa unos ambiguos datos del CIS o unos revenidos prejuicios ideológicos, sino razones de peso relativas al bien común de una sociedad.
Y por supuesto, diálogo en la verdad significa aceptar que los ciudadanos católicos, libremente asociados, tienen el mismo derecho que cualquiera a manifestar su opinión y hacer valer su peso social en la calle y en los medios de comunicación. Porque dudo mucho que el Gobierno se atreviera a calificar las manifestaciones de los trabajadores de IZAR como "movilizaciones preventivas" o que pidiese a los sindicatos que renunciasen a su derecho a la huelga cuando discrepan de su política económica, apoyada naturalmente por once millones de votos, como todo el mundo sabe.
Para aclararnos en este puzzle deliberadamente revuelto, tenemos que distinguir dos ámbitos bien precisos: el que se refiere a los valores que sostienen nuestra convivencia civil, y el que afecta al propio ejercicio de la libertad de la Iglesia en cuanto sujeto social sui generis. En cuanto al primer capítulo, lo raro no es la discrepancia sino la impugnación que de ésta viene realizando el Gobierno. Si se debate sobre la protección de los embriones humanos, la definición del perfil de la familia o el trato a los inmigrantes, la Iglesia (no sólo los obispos, sino las diferentes instituciones eclesiales y también los seglares católicos libremente organizados) tiene tanto derecho a sostener su postura como cualquier otro sujeto social, y por tanto deberá someterse a la crítica y al contraste de pareceres sin privilegios, pero también sin linchamientos políticos y mediáticos.