Una afirmación tan tajante resulta llamativa; por el eco que ha producido cabría también decir que es preocupante, pues parece como si se abriera una fisura entre muchos de los padres manifestantes y firmantes y buena parte de los colegios a los que sus hijos van. Cabe preguntarse en qué se ha visto dilatada la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. Y en qué mejora esta ley la calidad de la enseñanza. Incluso en el caso de que la respuesta fuera positiva respecto a la situación anterior y no respecto al proyecto de ley antes de las últimas modificaciones, la insatisfacción creo que no puede borrarse, pues el resultado final no es que diste mucho del ideal absoluto, sino que dista incluso de lo posible deseable en nuestra situación social concreta.
Que toda la tramitación de la LOE ha sacado a la luz el vigor de un movimiento ciudadano que se ha ido engendrando desde hace años es un hecho incontrovertible. Hasta ahora la insatisfacción con las distintas leyes educativas que se han ido perpetrando se había mostrado casi siempre en forma reactiva ante la última pincelada de los políticos, tras lo cual parecía quedar silenciosa y latente hasta que el siguiente movimiento la hacía reaccionar. Tal vez, la maduración, por maceración en la adversidad durante años, haya llevado a que nos encontremos con una incipiente marea social que empiece a actuar principalmente no para evitar la sustracción o el minimizar las pérdidas, sino para actuar desde sí pues tal vez se encuentre en disposición de tomar la iniciativa y proponer desde los propios ideales, desde el propio proyecto.
Dos son los objetivos fundamentales que deberían, en mi modesta opinión, centrar los deseos: la libertad y la calidad. Todo ello en el marco de la subsidiariedad del Estado. La libertad para elegir la educación de los hijos no puede quedar circunscrita a la elección de una asignatura de religión, por importante que ésta sea, ni puede quedar subordinada a la libertad de creación de centros, por imprescindible que esto sea. La libertad de elección no puede quedar ceñida a la elección de un centro en el que groso modo las opciones pedagógicas, por imperativo legal, sean básicamente las mismas, aunque vengan envueltas en papel de centro concertado. Es menester que los padres, y también los centros, puedan hacer opciones pedagógicas a fondo, pues no es indiferente en la trasmisión de unos valores la pedagogía que se emplee; por ejemplo, una ordenación académica en la que el esfuerzo y la superación de las dificultades quedan relegados, automáticamente carcome la transmisión, entre otros, de los valores cristianos, donde la cruz ocupa un lugar central.
Esa libertad debería llegar a que fuera posible incluso que los padres que quisieran educar a sus hijos en sus casas lo pudieran hacer, como de hecho es posible en otros países, con resultados, por cierto, de aprendizaje y socialización por encima de la media de los chicos escolarizados. Esta amplia libertad, cuanta más mejor, no puede quedar supeditada a las posibilidades económicas de cada familia, no puede ser que solamente quien tenga más pueda elegir más allá del menú estatal de turno. Es hora de que sean los padres quienes reciban el dinero –vía cheque escolar u otra fórmula que se vea mejor– para pagar la educación que elijan y no los centros, pues así, entre otras cosas, estos no estarán tan pendientes del grupo político del momento y más de los padres.