Y es que el millón y medio de pacíficos ciudadanos que reclamaron en la calle la libertad de educación, les ha producido una verdadera indigestión. Libelos aparte, el núcleo de la ira gubernamental obedece a que, según nos cuentan, se hizo un esfuerzo muy generoso para lograr el acuerdo, y cuando estaba a punto de caer como una fruta madura, los obispos prefirieron echarse al monte por un quítame allá esas pajas. Pero la verdad es muy distinta. Vayamos por partes.
Durante los pasados meses de junio y julio, cuando supuestamente se dialogaba con las organizaciones sociales para redactar un proyecto de ley con el máximo consenso, el Gobierno ninguneó a la Conferencia Episcopal con reuniones vacías de contenido en las que se buscaba tan sólo una foto que acreditase su apertura al diálogo. El colmo de esta estrategia fue la coincidencia de la presentación del texto ya aprobado por el Gobierno, con una nueva reunión de la Comisión Mixta Iglesia-Estado. Advertidos de la broma, los obispos declinaron asistir, y el Comité Ejecutivo publicó una dura nota en la que calificaba al proyecto de “inaceptable y por sorpresa”.
Pasó el verano, pasó septiembre, y sólo a mediados de octubre, cuando los preparativos de la manifestación contra la LOE estaban muy avanzados y el Gobierno comprobaba diariamente su desgaste, el Ejecutivo sorprendió a la Conferencia Episcopal con una llamada, que con la perspectiva de los días, bien podemos interpretar como un SOS. Ahora el Gobierno se mostraba dispuesto a alcanzar un acuerdo; la rigidez daba paso a la flexibilidad, y temas que antes parecían tabúes ahora se podían cambiar a mejor. Todo con tal de conseguir una declaración pública y conjunta de que se habían conseguido avances sustanciales en la redacción de la ley, antes de la fatídica fecha del 12-N. Tres fueron las reuniones, como ha relatado ya el Padre Martínez Camino: de un lado de la mesa, Fernández de la Vega y Rubalcaba; de la otra, el secretario de la Conferencia Episcopal y su vicepresidente, Antonio Cañizares. Aclaremos que todo se desarrolló en el mes de octubre, mientras el presidente Ricardo Blázquez permanecía en Roma asistiendo al Sínodo de los Obispos. Don Ricardo, como el resto de los miembros del Ejecutivo, estuvo siempre perfectamente informado de los pasos que se estaban dando y juntamente con ellos fue tomando las decisiones oportunas.
Según la vicepresidenta De la Vega, el Gobierno puso sobre la mesa quince propuestas, en trece de las cuales se logró el acuerdo. Pero su contabilidad es inexacta y deliberadamente intoxicadora. Es cierto que se lograron avances en dos cuestiones importantes: el estatuto del profesorado de Religión (cuyo tratamiento en la LOE es aberrante y ha merecido la oposición incluso de la UGT) y la definición de la Educación como “servicio público”. También se lograron mejoras en lo referente al reconocimiento del “Carácter Propio” de los centros concertados, y volvió a aparecer en el texto la formulación de que la Religión sería de oferta obligatoria para los centros y de libre opción para los alumnos, tal como reconocía la LOGSE. En fin, avances sí que había, pero en tres cuestiones sustanciales el Gobierno se mostró inflexible: el reconocimiento de la libertad de elección de los padres como criterio fundamental, y de la libertad de creación de centros; el estatuto académico de la asignatura de Religión; y el contenido de la sospechosa “Educación para la ciudadanía”. Así las cosas, el Gobierno pretendió forzar una declaración conjunta para transmitir la imagen de un pacto con la Iglesia en vísperas de la manifestación, aunque se reconociera que permanecían puntos de desacuerdo y flecos que podrían seguirse negociando. El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal reconoció el peligro de transmitir la falsa impresión de un acuerdo sustancial cuando sólo había mejoras de matiz y avances parciales, y mientras permanecía intocable el núcleo duro de la LOE, que seguía suscitando una enmienda la totalidad. Por otra parte, esa falsa impresión habría sido inmediatamente utilizada para sembrar el desconcierto en la base social de la manifestación, dejando a las asociaciones convocantes a los pies de los caballos.
Por este motivo, los obispos rehusaron firmar la declaración ansiada por Moncloa, y ese fue el momento concreto en que se desataron las hostilidades. Se entiende el disgusto del Gobierno, que seguramente esperaba una Iglesia más angélica y con menos cintura para moverse en el terreno de la historia; pero de ahí al calentón de estos días, hay un buen trecho. Sosiéguense los estrategas monclovitas, reconozcan que la sociedad española no es el juguete blando y fofo que ellos pensaban, y acepten que la Iglesia ya peina canas como para engatusarla con calderilla. Y de aquí en adelante, ojalá que vuelva el diálogo, pero a plena luz y con agenda clara. Y desde luego, sin amenazas sobre la mesa; sobre todo cuando son de un tenor que asustarían a un niño, señora vicepresidenta.