Hoy en día, esa depreciación ocurre cuando se aumenta el dinero en circulación en una economía en relación al potencial de producción de esa economía. En los años 30, el economista inglés Lord Keynes argumentaba que si el gobierno aumentaba la oferta de dinero estimularía la demanda y, por lo tanto, el empleo. Por ello Keynes aplaudió que el gobierno del Reino Unido abandonara el patrón oro en 1931 porque pensaba que ese vínculo de la libra esterlina con el oro frenaba la capacidad del gobierno de estimular la demanda al aumentar el circulante.
Pero como el ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos escribió en 1966: "sin el patrón oro no hay manera de proteger los ahorros de la gente de una confiscación por medio de la inflación". El efecto inmediato de inflar la cantidad de dinero en circulación es el aumento de los precios de los bienes y servicios. Quienes lo sufren más son aquellos que viven de sus ahorros o que tienen ingresos fijos, como los pensionistas, los ancianos y los pobres. En realidad, la inflación redistribuye el ingreso de la gente pobre a manos de aquellos más ricos, es decir, aquellos que viven de las ganancias sobre sus inversiones y de los asalariados cuyos sueldos aumentan cuando hay inflación.
Un segundo problema moral de la inflación es que traslada a las personas a un tramo o porcentaje de impuestos más alto, al mismo tiempo que su dinero pierde poder de compra. Debido a la inflación, una familia que en 1980 pagaba una tasa baja de impuesto, hoy, con unos ingresos mayores que no significan que su poder de compra haya mejorado, tiene que pagar un porcentaje en impuestos más alto. Así, la inflación permite a los gobiernos democráticos aumentar sigilosamente los impuestos sin tener que solicitar el consentimiento de la ciudadanía.
Un tercer problema con la inflación es que socava la libertad económica al dificultar que tanto los empresarios como los consumidores tomen decisiones acertadas. La inflación dificulta que los empresarios puedan determinar si los aumentos en sus costes son reales o simplemente el efecto de la inflación. También complica la determinación de si las ganancias son reales o ilusorias. La rendición de cuenta a los accionistas de la empresa también se vuelve problemática y todos estos elementos aumentan la incertidumbre y, por lo tanto, desanima a tomar nuevos riesgos y a invertir más en el negocio.
Por último, la inflación produce un impacto negativo en los niveles de empleo y, por consiguiente, en todos los beneficios morales, sociales y económicos que dependen del trabajo. Por ejemplo, las estadísticas laborales en Estados Unidos nos demuestran que desde 1950 los períodos de alta inflación han coincidido con bajo crecimiento en las oportunidades de empleo, mientras que los períodos de baja inflación coinciden con fuerte crecimiento de los puestos de trabajo.
La explicación es relativamente sencilla. La inflación corroe el valor del capital acumulado por el sector privado, los bancos y las instituciones financieras y, por lo tanto, se reduce el capital disponible para nuevas inversiones creadoras de empleos.
Así vemos que la inflación es más que un fenómeno económico porque daña la habilidad de la economía en permitir que la gente logre su potencial humano. Por lo tanto, una estricta política monetaria no solamente favorece a la economía sino al bienestar de las grandes mayorías.
Samuel Gregg, doctorado en Filosofía por la Universidad de Oxford y director de Investigación del Instituto Acton en Grand Rapids, Míchigan (EEUU). Es autor de "Economic Thinking for the Theologically Minded" (University Press of America, 2001) y de "On Ordered Liberty: A Treatise on the Free Society" (Lexington Books, 2003).
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