Como liberal, sostengo que cualquier persona tiene derecho a gestionar su propiedad del modo que considere más adecuado, sin que ningún agente externo pueda sustraérsela para alcanzar fines supuestamente superiores. Como católico, rechazo la sumisión y dependencia financiera de la Iglesia a una estructura coactiva, el Estado, cuyo objetivo consiste en la absorción, nacionalización, control y destrucción de la fe católica.
El catolicismo no puede perpetuarse a la sombra del Estado, precisamente porque su mensaje es de libertad y no de esclavitud. Cuanto más se acerque la Iglesia al Estado, como sabiamente observó Ratzinger, más se desnaturalizará y corromperá.
Desde esta perspectiva, resulta consecuente rechazar que el gobierno valenciano haya destinado sumas de dinero –procedentes de los impuestos a los valencianos– a preparar la, por otra parte, muy esperada visita de Benedicto XVI. Sólo hace falta observar la masiva acogida nacional e internacional que ha despertado el Encuentro Mundial de las Familias, para comprender que no habría sido necesario la participación y vigilancia del Estado para organizar tan monumental evento.
La Iglesia, entendiéndola como el conjunto de todos los católicos, tiene entidad y autonomía suficiente para impresionar al mundo con su minuciosa coordinación sin necesidad de ningún tipo de asistencia estatal. De hecho, habría que preguntarse hasta qué punto las rigideces burocráticas, la lentitud administrativa o las ansias políticas de aprovechar la visita del Papa como reclamo electoral, no han ralentizado y dificultado el evento.
Sabido es que una de las críticas vertidas por los cuatro pelagatos del colectivo Jo no t’espere ha sido, precisamente, ese desmesurado gasto del gobierno valenciano. En su preescolar manifiesto podemos leer que: "No es aceptable que las instituciones públicas estén destinando un volumen ingente de recursos humanos, económicos, infraestructuras... a unos actos que no dejan de ser una propuesta de una organización, la Iglesia católica, que ni nos representa a todos ni es parte del interés común que debe guiar la actuación de los poderes públicos".
Es curioso cómo la izquierda, obsesionada por que el Estado controle todos los recursos de la economía, se rasga las vestiduras cuando ese mismo Estado que con tanto ahínco han promovido, los destina a partidas que no le gustan.
La misma izquierda que defiende que los demás no deben tener derecho a gastar su dinero, quiere alzarse con el derecho a gastar el dinero de los demás. La protesta se convierte en una pataleta de niños malcriados: rompo la baraja cuando no me gusta cómo se desarrolla la partida.
Es cierto que la Iglesia, aun cuando tenga una aspiración universalista, no representa a toda la población y que, por tanto, sólo quienes sientan una especial vinculación a ella deberían contribuir a su financiación. Ahora bien, este razonable argumento no se concilia bien con la indigesta hipogresía de la izquierda. Si la Iglesia no debe recibir financiación porque no nos representa a todos, ¿qué asociación debería recibirla?
Los mismos jonotesperianos que rechazan la financiación estatal de la infraestructura del Encuentro Mundial de las Familias, sugieren en otro comunicado que ese dinero debería emplearse en suplir las "carencias sociales urgentes para muchos colectivos de nuestras ciudades". Y yo me pregunto, ¿acaso esos colectivos representan a toda la sociedad? ¿Son sus necesidades las de la universalidad de los contribuyentes?
Pero si nos adentramos un poco más en la personalidad de Jo no t’espere podemos encontrar auténticos gestas del fariseísmo. Veamos qué solicitan los suscriptores originales de un manifiesto donde se negaba a la Iglesia cualquier financiación por el hecho de no representar a toda la población:
El colectivo "Lambda de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales", por ejemplo, pide "poder realizar nuestro proceso de transexualización en la Sanidad Pública", así como "políticas de discriminación positiva en el trabajo hacia la población transexual".
El grupo "Ca Revolta" exige en varios de sus comunicados "el derecho al aborto libre y gratuito", y reivindica "el agua como un derecho básico y fuente de la vida que no puede ser privatizado, así como la recuperación del control sobre los bienes comunes y los recursos naturales que han de estar libres de los intereses privados y de las multinacionales".
La página web Barriodelcarmen.net, muy en la línea mussoliniana, pide que el gobierno nos proporcione "la jornada laboral de 35 horas", "la jubilación a los 60 años" y un "trabajo fijo y digno para todos".
Tres ejemplos que no agotan una característica común: la voluntad de vivir de Papá Estado a costa del contribuyente. Se nos pide que financiemos las operaciones de cambio de sexo, que impidamos a los empresarios organizar su negocio, que fustiguemos a los trabajadores, que robemos el agua a los pequeños y a los grandes propietarios en el Tercer Mundo –con las muy graves consecuencias que ello acarrea–, que subvencionemos un aborto libre y a go-go, y que los contribuyentes actuales paguen coactivamente a la seguridad social pensiones aun más tempranas. ¡Todo ello en nombre del interés común!
¿Pero de qué estamos hablando? Si todas estas medidas coactivas y redistributivas que tienen unos beneficiarios muy concretos y particulares son medidas de interés común, con más razón lo será la visita de un señor que representa una institución con 2000 años de historia y a mil millones de creyentes en todo el mundo.
La doblez e incoherencia de los impulsores de la plataforma Jo no t’espere es más que evidente. Para ellos el Estado no es más que un cortijo particular que debe explotar a los ciudadanos, según sus propios parámetros. Algunas frases de sus comunicados como "nosotros no prohibimos nada a nadie, nosotros sólo pedimos que no se nos impongan creencias o morales", no son más que letra muerta; subterfugios con los que camelar a los lectores bienintencionados para imponer finalmente su dictadura moral.
Una cosa es que la Iglesia debería autofinanciarse, otra muy distinta que los chupópteros profesionales de este país, los expertos en vivir del cuento, embolsarse subvenciones y exigir prestaciones a costa de la cuenta corriente ajena, vengan a darnos lecciones de liberalismo y de catolicismo.
La desvergüenza tiene un límite. La coherencia también; aquí ni está ni se la espera. Yo, al menos, no.