Aquí la vida transcurre despacio, pero las necesidades y las ansias de dignidad, justicia, libertad, respeto a los derechos humanos, condiciones de vida digna y democracia son las mismas que en todo el mundo.
Estos hombres y mujeres con los que comparto vida y trabajo en esta segunda quincena de julio, son testigos de una Iglesia que expresa y vive con sencillez las verdades profundas de nuestra fe común; se compromete y desvive por conseguir para el pueblo, en general empobrecido y desatendido por sus gobernantes, unas condiciones básicas de vida dignas. Las Caritas están haciendo un trabajo enorme con la ayuda, entre otras, de Caritas Española. Igualmente he recibido múltiples testimonios de la labor que realiza la organización hermana Manos Unidas a través de la financiación de proyectos de desarrollo con el dinero aportado por la solidaridad de sus socios, voluntarios y colaboradores en general, en España. De todos los países he escuchado un testimonio unánime de estima y agradecimiento a las organizaciones de la Iglesia Católica que están cerca del pueblo, comprometidas con el pueblo más pobre.
Honduras es un país rico en recursos naturales; pero es también el segundo país más pobre del continente, después de Haití. Es también uno de los más afectados por la corrupción política, económica y administrativa. Me cuentan acá que su país padece grandes males: los organismos encargados no quieren detener ni castigar la corrupción administrativa, la venta ilegal de madera, el narcotráfico, ni el crimen organizado. Por otro lado, el sistema democrático rige desde el año 1980; los candidatos políticos son elegidos a dedo y no representan a nadie, porque, en la práctica, las elites y las cúpulas de los partidos han hecho de la democracia un instrumento para llegar y aprovecharse del poder. Los gobiernos no actúan con transparencia y no rinden cuentas de sus actos. Son reflexiones que podemos leer en los cuadernillos de la campaña “Una Democracia de verdad”, durante este año, hacia las elecciones a la Presidencia, Diputaciones y municipios.
En esta situación, Honduras es uno de los 18 países beneficiados por las últimas cancelaciones de deuda externa. Aquí les preocupa la deuda externa, sobre todo que no se gestione correctamente y que sirva para reproducir la corrupción de las épocas en que se contrajo. Me cuentan, por ejemplo, cómo desde los ámbitos del poder, empiezan a nacer organizaciones que van tomando posiciones para recibir la financiación de proyectos, a cargo del servicio de la deuda que debería pagarse a los países acreedores.
Y me cuentan un ejemplo. A una Caritas diocesana, omito el nombre, el Gobierno le aprobó la financiación de un proyecto de desarrollo por el importe de 1300 dólares. Hasta aquí bien. Lo que pasa es que en torno al cincuenta por ciento del importe va en burocracia gubernativa que se carga al presupuesto del proyecto.
Pero hay un hecho especialmente profético de esta Iglesia, que camina en la diócesis de San Pedro Sula. Su Obispo, Monseñor Ángel Garachana Pérez, claretiano, publicó una Nota Pastoral bajo el título “Porque amamos y sufrimos: esperamos justicia” con motivo de la presentación de una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El hecho que le dio origen aconteció hace un año, en mayo de 2004, en el Centro Penal Sampedrano: a causa de un incendio murieron 107 internos pertenecientes a la MS (“mara Salvatrucha”, con referencia a salvadoreños retornados de los Ángeles, Estados Unidos, algunos pertenecientes a la “mara 18”).
A la Iglesia le preocupa el silencio total de las autoridades sobre otros cientos de muertes ocurridas en los centros penales del país. Pasado más de un año, el sistema judicial hondureño no encuentra responsabilidad de nadie ni obligación de promover cambios en el sistema penitenciario que sigue aniquilando vidas humanas. Centenares de privados de libertad, en su mayoría jóvenes pertenecientes a pandillas o maras, murieron estando bajo la tutela del Estado, en las cárceles y el número aumenta cada semana. Y la Iglesia se pregunta: “Debemos fiarnos solamente de unas investigaciones en el país, cuando el mismo Presidente de la República pide ayuda al FBI para investigar la corrupción?”Algunos ciudadanos, especialmente los gobernantes, piensan que no hay ninguna posibilidad de reinserción social para los miembros de estas bandas juveniles, sólo el exterminio. Incluso un Diputado del Partido Nacional, Presidente del Congreso y candidato a la Presidencia en las próximas elecciones, presentó una propuesta para que se implante la pena de muerte. La Iglesia, a través de su Pastoral Penitenciaria y Social, cree que hay otra alternativa y está empeñada en ello: introducir actividades educativas y de formación profesional en los penales, colaborar a la construcción de granjas escuela como centros penales que promuevan la reinserción de los jóvenes, mediante el aprendizaje de oficios (como carpinteros, fontaneros, electricistas, jardineros, albañiles, mecánicos…) para que puedan insertarse de manera positiva y constructiva en la sociedad.
Aquí se cree que el problema de fondo es el narcotráfico que se sirve de estas maras para distribuir la droga en los barrios y las aldeas. El problema está en el “huevo” de la mara, en la trama de los narcotraficantes. Por lo demás, encuentro una similitud muy grande entre las maras y los “latin king” que empezamos a ver a actuar en España. Los códigos de conducta, las acciones de extorsión, amenaza, captación, el pago de un “impuesto de guerra”… son comunes a estas bandas juveniles a ambas orillas.
La Iglesia, con los familiares de las víctimas del incendio del Centro Penal Sampedrano, a través de la Pastoral Penitenciara, Caritas Sanpedrana y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), todos de la Iglesia Católica, con fundamento en los artículos 44 y 46 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, han presentado una denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que determine si el Estado de Honduras es responsable de violentar las obligaciones contraídas en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos jurídicos internacionales de los cuales Honduras forma parte.
La Doctrina social de la Iglesia, en la Constitución pastoral Gaudium et spes, no da lugar a equívocos ni deja espacio a la negociación con la vida de las personas. Dice Mons. Garachana en su carta: “La dignidad de la persona, de todas las personas, independientemente de las acciones que cometan, es un pilar fundamental de la convivencia y del respeto humano”. Esto implica que se renueve el sistema penitenciario para que rehabilite a los detenidos; que se practique la justicia en todos los ámbitos de la vida nacional desde el poder judicial independiente, desde unas estructuras de gobiernos sanos y libres.
En este desafío están muchos hondureños y la Iglesia camina esperanzadamente con ellos. Me piden que de a conocer en el Norte sus alegrías y sus tristezas, sus temores y sus esperanzas, su fe inquebrantable en el Señor de los empobrecidos. Con esta esperanza y este grito me despido, desde acá, hasta el 7 de septiembre, si Dios quiere.
Juan Souto Coelho es miembro del Instituto Social “León XIII”