El ministro de Justicia, López Aguilar, en el trascurso de un curso de verano, ha hecho al parecer unas declaraciones en las que se ponían en cuestión los vigentes acuerdos con la Santa Sede y se dejaba traslucir que la Iglesia está en una situación privilegiada.
La cosa parece que quedó en amago, porque rápidamente vino el clásico desmentido, consistente en hacer ver la falta de entendederas del periodista de turno. Este tipo de desmentidos, desde luego, tendrían menos fuerza cuanto mayor fuera el rigor en las informaciones, porque lo cierto, y al margen de esta noticia concreta, es que incluso en la información especializada la exactitud y precisión no pocas veces deja bastante que desear. Pero dejando esto a un lado, lo del ministro ha tenido eco, porque viene a sumarse a una línea de declaraciones de distintos miembros del PSOE y aledaños, que desde hace algo más de un año, van goteando para que vaya calando la idea de un cambio o, al menos, interpretación constitucional, en esta cuestión al modo deutero-republicano. Me da la impresión que la argumentación implícita es sencilla: se da a entender que la Iglesia tiene adicción incorregible e innata a los privilegios; se deja caer que esto hay que frenarlo por el bien de la sociedad y la igualdad de todos los ciudadanos; se añade el ingrediente de decir que el modelo aconfesional actual es insuficiente para parar la voracidad eclesial y así garantizar los derechos de las otras confesiones, siempre amenazados por el clero; y, por último, se presenta el modelo laicista y beligerante hacia lo religioso de 1931 como la garantía ante estas dificultades. No hay que perder de vista que ante la disolución de la nación, única titular de la soberanía, planea sobre nosotros el riesgo de buscar una legitimidad mítica y legendaria que supla a la de la nación y la candidata a ser la fuente de la misma parece ser la segunda República.
Hay que decir que la Iglesia ni tiene ni busca ningún privilegio. Sencillamente quiere que se cumpla lo previsto en la Constitución de 1978. Esto es algo muy sencillo, el art. 16.1 dice: “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”. La Iglesia quiere esto para sí misma y para cualquier confesión religiosa o individuo, ni más ni menos. El art. 16.3 dice: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. La Iglesia Católica no quiere ser la religión oficial del Estado, más bien habría que decir que no pocas autoridades algunas veces sí parecen quererlo, muy especialmente en las fiestas patronales cuando buscan puestos de privilegio en las celebraciones litúrgicas o van, como el mismo Zapatero fue a la catedral de Santiago de Compostela, en calidad del cargo que ostentan a hacer alguna ofrenda o a protagonizar algún acto de culto. La Iglesia no quiere ningún privilegio en la cooperación que prevé la Constitución y ésta, por otra parte, tampoco dice que vaya a recibir un trato especial en relación con las otras confesiones. Lo de la cooperación está así previsto en la Ley Suprema del Estado, por la sencilla razón de que el constituyente consideró que respecto a los derechos de los individuos, incluida la libertad religiosa y de culto, no basta con que sean reconocidos, sino que las autoridades públicas están al servicio de los ciudadanos y, por tanto, de que sus derechos sean ejercibles (cf. art. 9.2). Lo de la financiación de la Iglesia Católica y de las otras confesiones hay que inscribirlo aquí y lo de la clase de religión y la enseñanza en el derecho que los padres tienen a elegir la educación de sus hijos. ¿Qué tiene de malo el modelo actual? ¿Será necesario poner la religión en libertad condicional?
