Entonces muchos pensamos que la política de pacifismo, cooperación y solidaridad de Bono y Zapatero habían quedado escenificadas como una gran burla al pueblo venezolano y una gran farsa al pueblo español. Traigo a colación dos hechos que corroboran esta opinión.
La organización independiente Human Rights Watch, en su Informe Mundial sobre los derechos humanos del 2006, dedica un capítulo a Venezuela en el que informa que Chávez y su coalición mayoritaria en el Congreso han tomado medidas "que debilitan la independencia del poder judicial del país". También le reprocha haber promulgado una legislación que "amenaza seriamente la libertad de prensa y de expresión". El informe añade que representantes de la sociedad civil se han enfrentado a acusaciones "altamente dudosas" y que defensores de los derechos humanos han sido repetidamente acusados por responsables del Gobierno de "conspirar contra la nación". Además destaca que "la violencia de la policía, la tortura y las condiciones de abuso en las prisiones están también entre los problemas de derechos humanos más serios del país".
Sin embargo, aún más contundente, si cabe, es el comunicado de los Arzobispos y Obispos de Venezuela, al final de la Asamblea Plenaria Ordinaria de su Conferencia Episcopal. El análisis refleja la conciencia de la situación y la cercanía a la vida real del pueblo. No tiene desperdicio y vale la pena seguirlo en su literalidad.
Los obispos empiezan diciendo que la situación del país les preocupa e interpela por la magnitud de sus problemas, ante todo, la incertidumbre de su destino democrático por los problemas políticos.
En efecto, el acto electoral del pasado 4 de diciembre, marcado por un alto porcentaje de abstención, que tuvo como consecuencia inmediata la conformación de la nueva Asamblea Nacional con una sola orientación política básica, crea una situación político-social inédita en la historia republicana de Venezuela, y generadora de graves inquietudes. No menos preocupantes resultan también la manifiesta sospecha de una amplia y profunda corrupción a nivel interno, en diversas áreas, y las dispendiosas "solidaridades" externas, el deterioro de las instituciones, con la consiguiente y generalizada desconfianza hacia ellas, la disminución de la calidad de vida por el aumento acelerado de la pobreza y de la inseguridad.
Los obispos venezolanos coinciden en la acusación de la organización Human Rights Watch y ofrecen un análisis que configura un angustioso cuadro social: se constata el acoso y la represión policíaca y judicial por motivos razonablemente considerados como políticos, así como la violación de los derechos humanos personales y grupales, la discriminación política y la penalización –o su amenaza– de actividades normales y reclamos justos. “La imagen que hoy por hoy sintetiza muchas imprevisiones, omisiones, manipulaciones y distorsiones, es el colapso de diversas obras de la infraestructura vial, habitacional, sanitaria y educativa a lo largo y ancho del país”.
Por otra parte, los obispos no dejan de valorar la importancia que las autoridades públicas dan a determinados aspectos vitales para el desarrollo del país, a través de programas de alfabetización, educación y atención sanitaria. Pero los diversos programas sociales son ciertamente respuestas parciales a los efectos de la pobreza y las enfermedades, porque no se ha puesto énfasis sobre todo en hacer que desaparezcan las causas de estos problemas, como son “la inestabilidad del empleo, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, la mentalidad rentista que aumenta por el creciente populismo y clientelismo, y la poca valoración del trabajo”.
Por eso, desde su misión de pastores, discípulos de Jesús, el Buen Pastor, los obispos hacen un llamamiento al compromiso de todos; tomar conciencia de que las vías de solución a sus problemas solamente las pueden descubrir o construir entre los venezolanos. Por ello, afirman, “consideramos que si todos, con diferente grado de responsabilidad, somos parte de los problemas, debemos ser, de la misma manera, parte de la solución. No debe continuar el enfrentamiento entre hermanos y la abierta preferencia del gobierno por los que apoyan su opción. Nadie debe ser excluido ni quedarse indiferente por tener una ideología distinta. Todos nos necesitamos y todos podemos aportar. Ni la lamentación ni la crítica son suficientes”.
Confieso que, a medida que iba leyendo el comunicado de los obispos venezolanos sobre la situación de su país, parecía como si estuvieran hablando de lo que está pasando en el mío. Y llegué al párrafo en el que dicen: “es indispensable construir un proyecto integral de país (con todos y para todos), y planes parciales con los cuales responder, de modo orgánico, sistemático, creativo y coherente, a las necesidades del pueblo. Invitamos a todos los grupos políticos y económicos a anteponer los intereses generales de la población a sus intereses grupales. Sin conciencia de los deberes y derechos ciudadanos no se logra el bien común; sin su ejercicio libre, justo y solidario, no se puede experimentar la reconciliación, ni vivir en paz y democracia”. Para este emprendimiento, afirman que, en lugar de la polarización y la exclusión, se necesita una progresiva cohesión de los ciudadanos.
El documento de la Conferencia Episcopal de los Obispos de Venezuela termina llamando a los católicos comprometidos directamente con la acción política, según la diversidad de sus opciones, a deponer actitudes o posturas cerradas y abrirse al diálogo que se fundamenta en la verdad, en la humildad, en el respeto al otro, y en la disposición a cambios profundos y duraderos, como lo recuerda el Santo Padre en su reciente mensaje para la Jornada Mundial de la Paz: "La verdad de la paz llama a ser transparentes en las negociaciones y fieles a la palabra dada".
Finalmente, apelando a la prioridad ética de la reconciliación y de la paz social, solicitan nuevamente medidas de gracia, beneficios procesales y trato humanitario para todos los presos políticos, el cese de la persecución por causas políticas y una renovación total del Consejo Nacional Electoral, en sus miembros y en sus directrices, organizado conforme con las exigencias ineludibles de transparencia y autonomía; y la radical decisión de colaborar sinceramente en todo aquello que beneficien al pueblo y no represente un instrumento de manipulación, corrupción y exclusión.
En fin, no cabe duda de que lo más conforme a la opción evangélica escuchar la voz de estos obispos y hacerse solidario del pueblo, objeto de las preocupaciones y desvelos de la Iglesia que camina en Venezuela, que dar oídos a las prédicas farisaicas de algunos y a las mentiras políticas de otros. El pueblo español y sobre todo los católicos deben saber, también en el exterior, cómo y con quién gasta Zapatero los impuestos que pagamos.