En ciertos ambientes, incluso en grupos católicos, cuando sale en el diálogo el tema de la libertad religiosa, algunos dicen inmediatamente: ya están éstos, los católicos, exigiendo privilegios o añorando las prebendas perdidas. Nada más inexacto e injusto. Los que hablan así quizá desconocen que la libertad religiosa es un derecho civil de todas las personas, creyentes o no, profesantes o no de una religión. Defenderlo y respetarlo es un deber de todos, porque no es una opción particular, sino una condición del bien común.
Exactamente hace 40 años, el Concilio Vaticano II aprobó la Declaración Dignitatis humanae sobre el derecho de todas las personas a profesar libremente una religión. En consecuencia, como se trata de un derecho de cada persona, proclama también la obligación de los poderes públicos de respetarlo y de, mediante leyes justas y otros procedimientos adecuados, asumir con eficacia la tutela de la libertad religiosa y crear las condiciones exigibles para que los ciudadanos puedan realmente ejercer sus derechos. No hay lugar aquí para exponer la convergencia de fuentes diversas, todas ellas llenas de aportaciones para dinamizar y enriquecer nuestra convivencia: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la encíclica Pacem in terris (1963), la Declaración conciliar Dignitatis humanae (1965), la Constitución Española (1978), los Acuerdos de cooperación entre el Estado Español y la Santa Sede (1979), la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que nos rige desde 1980, y los Acuerdos bilaterales entre el Estado Español y las iglesias protestantes y las comunidades islámica y judía (1992). ¡Miren si hay fundamentos dónde apoyarnos para entendernos y cooperar! Lo que hace falta es voluntad, sinceridad, diálogo y deseo de contar con todos, virtudes que no percibo en Zapatero ni en sus apoyos políticos; por más que se les llene la boca de lo contrario, actúan como unos intransigentes, sectarios y represores.
En España, el artículo segundo de la Ley de Libertad Religiosa describe detalladamente lo que comprende este derecho. Es el más extenso de la ley. En lo que a la libertad religiosa se refiere en relación con la educación, dice que comprende el derecho de toda persona a “recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier procedimiento; elegir para sí, y para los menores no emancipados e incapacitados, bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. En realidad, lo que se garantiza aquí está recogido en el artículo 27.3 de la Constitución. Fundamentados en este artículo y en el 16, el Estado Español y la Santa Sede firmaron, en 1979, el Acuerdo de cooperación en materia de educación, hoy vigente, que en su día fue aprobado por el Parlamento español, con la abstención del PSOE.
Permítanme introducir aquí la siguiente anécdota. Estación de Recoletos, Cercanías RENFE, Madrid. Diariamente, entre las dos y las tres de la tarde, hace más de un año, suena la megafonía: dim, dam dom… Una voz masculina y otra femenina anuncian la llegada del tren de esta manera: “¿Me sescucha, me sescucha? - Vía 2”. La primera vez este anuncio despertaba la risa entre los que esperábamos la llegada del tren. Con el tiempo, dejó de llamarnos la atención. Sin embargo, un día me quedé preguntándome: ¿en qué dirección viajarán los que tomen el tren anunciado? ¿Hacia dónde les indican el destino? ¿Subirán sin hacer caso del anuncio absurdo? ¿No hay un responsable que se haya dado cuenta del ridículo que están haciendo desde hace tanto tiempo?
Traigo aquí la anécdota y la reflexión, porque me parece el reflejo perfecto de la Ley Orgánica de Educación (LOE), esa componenda nacionalsocialista que devuelve a la escuela el gran fraude educativo de la LOGSE, que fue evaluada por todo el mundo como el gran fracaso educativo de la izquierda. Pero no enmiendan, porque la calidad educativa en libertad les preocupa bien poco; lo que realmente les excita el celo legislativo es ver cómo golpear a los católicos en la asignatura de Religión y en los centros católicos concertados. En efecto, éstas son las dos constantes en todas las reformas socialistas. Y los ciudadanos estamos hartos de siglas tanto como de reformas y contrarreformas, que atacan el sistema educativo y nos sitúan, según la OCDE, en la cola de Europa.
Enseñé durante 22 años en la escuela pública. Viví gozosamente mi trabajo con los profesores, los padres, los alumnos y el personal de administración, como uno más de la comunidad educativa y jamás encontré en la escuela pública ningún problema religioso. Los socialistas y algunos más han creado ellos solos el problema, para castigar no la asignatura en sí, sino lo que según ellos representa: la influencia de la Iglesia católica en la escuela pública. Esto y no lo otro es lo que quieren castigar, mitigar, disolver, eliminar... Para ellos la presencia de la Religión católica en la escuela pública no es un servicio que el Estado presta a las familias que quieren que sus hijos reciban esa formación, por mandato constitucional.
Por eso, los que defendemos el Área de Religión queremos que la escuela pública, la escuela de todos pagada por todos, ofrezca con libertad y pluralismo, una información correcta, el conocimiento necesario sobre el “hecho religioso”; y queremos también que ofrezca propuestas de sentido para vivir, referencias y guías éticas esenciales para buscar y lograr una vida feliz; bases culturales para el entendimiento, el diálogo y la cooperación en nuestra sociedad. Esto y no otras cosas es lo que defendemos, por más que algunos renombrados de la manipulación dominante, que otros llaman la cultura de izquierdas, insistan en hacernos creer lo contrario.
¿Por qué tenemos que callar o avergonzarnos de decir que nuestras raíces están preñadas de la rica savia del humanismo greco latino, judeocristiano y católico y que la modernidad se gestó en esa matriz? ¿Alguien, en su sano juicio, es capaz de demostrar que la libertad religiosa, al interior de la escuela, perjudica, obstaculiza, desvirtúa, impide la libertad de todos y cada uno de sus miembros e impide la calidad educativa y la formación de verdaderos ciudadanos? ¿Cómo es posible prometer que la escuela diseñada con la LOE va a formar verdaderos ciudadanos si lleva en sus venas la discriminación, el rechazo y el desprecio de las creencias religiosas y del patrimonio católico de los que quieren ser formados en la cosmovisión cristiana? ¿Cómo puede formar verdaderos ciudadanos, libres y respetuosos de la libertad de los demás, la escuela que reprime, recorta y mal informa a sus ciudadanos? ¿O es que quieren imponer a todos la confesionalidad masónica?
¿Cuál es el problema de fondo? La pregonada neutralidad del Estado y del Gobierno de Zapatero, en la cuestión religiosa, es una mentira burda. Lo que realmente pretenden es excluir a la Iglesia de los espacios públicos para mantenerla intervenida y controlada en los límites de lo privado y de lo espiritual. Por eso les molesta tanto la presencia de la Iglesia en las comunicaciones (la COPE) y en la escuela. Un Gobierno como el de Zapatero, que pretende desterrar lo religioso católico de la esfera pública, no es un Gobierno neutral. La Constitución Española, en el artículo 16, se opone a que el Estado y, por tanto, el Gobierno, como poder regulador al servicio del bien común, se considere dueño y señor de las opciones religiosas de la sociedad y de las personas; garantiza el reconocimiento de las opciones y manifestaciones religiosas de toda la sociedad y la obligación de los poderes públicos de dialogar con todas ellas para promover la libertad religiosa, tanto de los que creen en Dios como de los que no creen, para lo cual, dice el artículo nueve, debe remover los obstáculos, no crearlos e inventarlos y menos aún imponerlos. Así que no nos toca más que decirlo con firmeza el próximo día 12 y ante cualquier represor e intransigente.