Es precisamente en estos momentos en que las reformas institucionales parecen más urgentes cuando hay que ser más prudentes. Las grandes crisis como la actual tienen unas raíces profundas que no son ni visibles ni obvias. Fijarse en lo superficial no es sólo inútil, sino que haciéndolo se corre el riesgo de enmascarar las verdaderas causas que así podrán seguir propagando sus semillas de destrucción.
El auténtico problema es de moralidad, si bien esto no se dice demasiado.Un exceso de habladuría sobre valores y principios enseguida se convierte en retórica vacía a menos que alcance los corazones de las personas. Así pues, la auténtica cuestión es comprender qué constituye nuestro auténtico bien. No podemos dejar de buscar la felicidad, pero sí podemos –y normalmente lo hacemos– en qué se plasma y cómo conseguirla.
Esta es la idea fundamental de la teoría clásica de la virtud: la virtud es la base necesaria de los logros humanos como un ser racional, de modo que en el núcleo de todos y cada uno de nuestros actos inmorales es el error intelectual. Para dejarlo claro, esos errores normalmente son la consecuencia de una afección irracional a los productos materiales, a los que se les equipara como el bien en sí mismos.
La mentalidad reformista concentra sus energías en las instituciones: leyes, regulaciones, políticas y organizaciones sociales. Desde luego, las instituciones son importantes, pero incidir demasiado en ellas es otro error y además peligroso. Se basa en una premisa falsa y oculta: que la persona es un ser humano moralmente estático. La naturaleza humana es la que es –quizá no totalmente corrupta, pero sí avariciosa y egoísta– y la única solución a las enfermedades sociales es alterar el contexto institucional.
La mentalidad reformista se olvida de asuntos más esenciales y al hacerlo distorsiona el contenido de la necesaria reforma. Si se encuentra con algunos estafadores, el reformista tiende a asumir que todos los hombres son estafadores –o al menos que las leyes deberían tratarlos como si lo fueran–, de modo que lo que puede comenzar como una valoración parcial y sectaria puede terminar convirtiéndose en una profecía autocumplida: la gente honrada puede reaccionar a las políticas injustas oponiéndose al espíritu de la ley o incluso a su letra.
Las instituciones son algo secundario, la moral personal es lo principal. Pero esta última es algo más que una recopilación abstracta de valores y principios. Éstos también se subordinan a la cuestión real: ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Quién me creó y para qué? Aunque no pensemos a menudo sobre estas cuestiones, las ponemos de manifiesto en todas nuestras elecciones.
Como decía, las instituciones importan, pero de un modo que difiere de la visión reformista. De acuerdo con Santo Tomás de Aquino, las leyes humanas tienen dos funciones básicas: coordinar y educar. Y no la de coordinar la maximización del PIB ni educar en marketing y finanzas. Las leyes –todas las leyes– deberían colocarse al servicio del auténtico bien, ayudándonos a saber, amar y servir al Señor y a amar al prójimo como a nosotros mismos.
Esto equivale a educar en la virtud. Las normas penales, por ejemplo, tienen el cometido de incentivar el buen comportamiento. No pretenden únicamente reparar los daños pasados, sino también impulsar los buenos hábitos en la convivencia social.
Sin embargo, el Estado no es la institución más importante a la hora de educar en la virtud. Esta tarea compete a las familias, las iglesias y otras asociaciones privadas. Más importante que el estatus de los hedge funds es el papel de la familia en sociedad y en la educación de los hijos.
Definir el curso de acción adecuado siempre es un asunto delicado que requiere de un juicio prudencial. No es aconsejable prohibir todo el vicio, no sea que el vicio se incremente y derrote a las autoridades. Se han cometido grandes injusticias porque la gente buena ha sido demasiado cobarde como para enfrentarse a las turbas violentas.