Algunos esperaban que esa declaración fuese indicativa de que el espíritu del fallecido Bob Casey, gobernador antiabortista de Pennsylvania, estaba vivo en el Partido Demócrata. Sin embargo, se llevaron una desilusión. Mientras que la declaración afirma romper moldes, en realidad no hay nada en ella que se pueda calificar de "histórico". Tristemente representa el penúltimo intento de algunos políticos americanos católicos y de sus anónimos consejeros teológicos para racionalizar lo insostenible, que la reivindicación de ser católicos fieles al mismo tiempo que apoyan prácticas que intencionadamente violan lo que la Iglesia dice que es inviolable: la vida humana inocente.
La declaración en sí no es particularmente larga. Lamentablemente esto no logra disfrazar su básica negación de la realidad. Los firmantes afirman, por ejemplo, que "trabajamos cada día para fomentar el respeto a la vida y la dignidad de todo ser humano". Dado que muchos de los firmantes votan consistentemente por lo que de hecho equivale al aborto libre –o sea, la negación de cualquier amparo contra la fuerza letal para un grupo de personas que, en términos de identidad fundamental, son tan humanos como ellos mismos– parece difícil reconciliar su afirmación de que están fomentando el respeto a la vida.
Lo mismo se podría decir sobre el apoyo de algunos de los firmantes a la investigación de células madre embrionarias. ¿De qué manera, podría uno preguntarse, los políticos fomentan el respeto por la vida humana votando a favor de fondos para investigaciones que consisten en desmembrar a seres humanos en estado embrionario?
Que algunos de los firmantes son conscientes de la incongruencia de su posición queda claro al calificar que al mismo tiempo que "buscan la guía y apoyo de la Iglesia", también "creen en la primacía de la conciencia. Al admitir el papel de la Iglesia como líder moral, reconocemos y aceptamos la tensión que se produce al no estar de acuerdo en ciertas áreas con la Iglesia".
Sin duda, la Iglesia Católica siempre ha puesto énfasis en la importancia de la conciencia. Pero no enseña que la conciencia esté de manera alguna por encima de la verdad; ésta, según enseña la Iglesia Católica, se revela mediante la razón y, en último término, por la fe católica. La conciencia en realidad sólo adquiere características moralmente vinculantes cuando se basan en verdades morales objetivas. Si no, "la primacía de la conciencia" podría usarse para justificar todo tipo de comportamiento bárbaro. Por eso no absolvemos a comunistas y nazis que mataron a millones porque creyeran "honradamente" que estaban haciendo lo correcto.
En otras palabras, la "tensión" sentida por algunos de los firmantes no es simplemente por la inconsistencia entre su posición sobre ciertos asuntos y la enseñanza católica. Más bien viene de su negación de la verdad: la verdad sobre lo que la ciencia nos dice acerca del principio de cada vida humana y la verdad de que todos los seres humanos inocentes –sin importar su nivel de desarrollo– deberían gozar de una protección equivalente contra la fuerza letal como asunto de justicia natural.
Y como para distraer a los lectores lejos de estas preguntas, los firmantes sugieren que su apoyo a diversas causas, desde la reducción de la pobreza hasta el aumento al acceso a la educación son pruebas de su afirmación "de ser parte de la tradición viva del catolicismo, una tradición que promueve el bien común".
La buena noticia es que la Iglesia enseña que hay un enorme espacio entre católicos para hacer juicios sensatos que busquen mejorar el bien común. Algunos católicos afirman que el mercado libre favorece el bien común mejor que las economías mixtas. Otros católicos no están de acuerdo. El asunto es que en casi todos los temas económicos, los católicos son libres de defender diversas posiciones precisamente porque reflejan juicios de opinión empíricos y de sentido común que están en disputa razonable entre la gente bien informada.
Desgraciadamente, los firmantes parecen no estar al tanto de la afirmación del difunto Juan Pablo II que dice que "es imposible favorecer el bien común sin reconocer y defender el derecho a la vida, sobre el que se basan todos los otros derechos inalienables de las personas y de los cuales parte su desarrollo" (Evangelium Vitae 101).
En otras palabras, el buscar estrategias como, por ejemplo, las que elevan el bienestar material de los pobres, no puede servir de ninguna manera como compensación por apoyar leyes que en efecto clasifican a un grupo de seres humanos inocentes como personas que pueden ser matadas o desmembradas a voluntad.
Afirman dos veces los firmantes: "El gobierno tiene un propósito moral". A esto, uno sólo puede responder "Amén". Pero uno de los propósitos morales básicos del gobierno es la defensa de la vida humana inocente. En tanto que los firmantes –eso por no mencionar a algunos republicanos católicos– voten de forma que refleje su aprobación tácita de que algunos humanos inocentes no merecen esa seguridad, fracasarán en cumplir lo que la razón misma nos dice que es una necesidad de justicia no negociable. Una justicia que se le debe a los más indefensos seres humanos y en último término, según profesan los católicos, a Dios.
Samuel Gregg, doctorado en Filosofía por la Universidad de Oxford y director de Investigación del Instituto Acton en Grand Rapids, Míchigan (EEUU). Es autor de "Economic Thinking for the Theologically Minded" (University Press of America, 2001) y de "On Ordered Liberty: A Treatise on the Free Society" (Lexington Books, 2003).