Es cierto que también aprovechó para intentar llevar el agua al molino del Gobierno en asuntos como el proceso que se vive en el País Vasco o la meliflua Alianza de las Civilizaciones pero, a fin de cuentas, eso va incluido en su misión de representante de un determinado ejecutivo. Sin embargo tiene un especial valor el pasaje en el que afirma que España es un estado constitucionalmente laico, pero no laicista, que reconoce el carácter excepcional de sus relaciones con la Iglesia Católica; así como aquel en que reconoce que merecen gran atención las preocupaciones expresadas por el Papa acerca del relativismo moral que impregna nuestra sociedad.
Benedicto XVI le respondió con un discurso que aclara el papel de la Iglesia en una sociedad plural y democrática, pero que conserva un rico patrimonio de vida cristiana que ha marcado su trayectoria histórica. Como siempre sucede en este tipo de discursos, el Papa abordó los asuntos de especial preocupación para la Iglesia a la vista de los acontecimientos de la vida española, y naturalmente, no podían faltar las referencias al derecho a la vida desde su concepción a su ocaso natural; a la familia, que no debe ser suplantada ni ofuscada por otras formas de relación; al derecho a profesar la fe públicamente sin obstáculos, y a la libertad de educación. En el tema de la educación, el Papa recordó que los Acuerdos suscritos por la Santa Sede y el Estado español establecen que la enseñanza de la religión católica se impartirá en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Como se ve, nada que la Iglesia no haya venido repitiendo en los últimos años, o que haya podido sorprender al Gobierno.
Por eso resulta llamativa la salida de pata de banco del portavoz Fernando Moraleda, al que le faltó tiempo para enmendar la plana al Pontífice, afirmando que el Gobierno se debe a su programa antes que al Catecismo. Dejemos aparte la escasez de tacto diplomático para centrarnos en el meollo de la cuestión. La verdad es que el Papa no apeló en ningún momento al Catecismo en su discurso, ni puede encontrarse sombra de intromisión en las competencias del Gobierno. Se limitó a recordar algunos valores que pertenecen al bien común de toda sociedad y que son asequibles a la recta razón, así como a recordar lo que establecen las leyes actualmente en vigor. Días atrás, Benedicto XVI había proclamado ante los obispos italianos su convicción de que la separación entre la Iglesia y el Estado significa "un gran progreso de la humanidad" y una condición fundamental para la misma libertad de la Iglesia y para el cumplimiento de su misión. Al mismo tiempo subrayó que cuando la Iglesia recuerda algunos valores éticos fundamentales, no viola la laicidad del Estado, sino contribuye a promover la dignidad de la persona y el bien común de la sociedad.
Lo cierto es que Moraleda no destaca por tener el trazo fino, pero ya que se embarca en la aventura de responder al Papa, cabría esperar algo más de coherencia en sus palabras. Es absurdo insistir en que el Gobierno no va a imponer la clase de religión a quienes no la desean, sencillamente porque nadie pretende semejante cosa. Lo que debe explicar el portavoz gubernamental es por qué no se cumple escrupulosamente la ley, y por qué la clase de religión sufre un vapuleo y una marginación clamorosa, a pesar del referéndum anual al que se someten los padres. Y si como dice el embajador Vázquez, el Gobierno siempre presta atención a las preocupaciones del Papa en lo tocante a la fibra moral de la sociedad, debería mostrar más respeto por sus indicaciones sobre el valor de la familia y sobre la tutela de los derechos de los más débiles. No es cuestión de Catecismo, sino de sentido común y hasta de inteligencia política. Quizás el problema radique en el incurable prejuicio laicista de este Gobierno, que pervive pese al flamante nuevo embajador ante la Santa Sede. En el fondo piensan que nada interesante puede provenir de esa "reliquia ideológica" que es la Iglesia, a la que hay que tolerar y poco más. En este sentido resultan llamativas las recientes afirmaciones de Nicolas Sarkozy, propugnando para Francia un nuevo modelo de laicidad activa, que reconozca la aportación sustancial de las religiones al bien común de la sociedad. Pero ya se sabe, cuando nosotros vamos ellos ya vuelven.