Comparto su reflexión y su deseo. Y considero muy oportuno que me recuerde la crítica de Montesquieu sobre la forma de gobierno que denomina despotismo, que consiste en la sujeción de los individuos no a las leyes sino a la fuerza del gobernante, cualquiera que sea el modo en que acceda al poder. El autor de Espíritu de las Leyes encuentra contradictorio que el terror, principio que rige las formas de gobierno despóticas, haya de asegurar la paz y la seguridad de los gobernados, restringiendo su libertad. Eso es lo que se hace cuando se actúa desde el puesto de gobierno atemorizando con la fuerza del poder y chantajeando a quienes sostienen posiciones de discrepancia.
Recibí este mensaje en el momento en que escuchaba decir a Zapatero que el castigo impuesto al teniente general Mena Aguado era una “acto de normalidad democrática”. Acostumbrados a frases que suenan bien y no quieren decir nada, lo de “normalidad democrática” da que pensar. Pese a que no tengo espíritu militar, nunca lo tuve y sé que es irrealizable la esperanza de la eliminación gradual de los ejércitos de nuestro país, me atrevo a decir que las palabras del teniente general José Mena Aguado me parecen un acto de coherencia, civismo y corresponsabilidad en la defensa de la unidad de la Nación. No me parece mal que un militar, dentro de su ámbito de actuación, se haya unido a más de media España y a parte de la otra media, para decir lo que le preocupa como ciudadano, como profesional y como servidor del Estado.
Comparto la preocupación por la integridad y la unidad de España y coincido con su postura y con sus palabras. Unidad e integridad de la nación son principios y valores inherentes a la Constitución que cooperan a la realización de los valores superiores de la solidaridad, la libertad y la igualdad entre los españoles. Quienes creemos en la democracia, en la que rige la división de poderes, no tenemos miedo de las palabras de un ciudadano uniformado servidor del Estado, sobre todo cuando lo que dice es fiel a la “Ley de leyes”. En cambio, hay razones para temer a un gobernante que dice hoy que la Ley de Partidos Políticos que él impulsó “es demasiado restrictiva” y decide no aplicarla, causando un daño irreparable al Estado de Derecho y beneficiando a los que amparan el terror de las pistolas, la amenaza, el acoso y la extorsión. Por eso, más allá de la disciplina militar que haya podido contravenir, el acto del General Mena debe ser acogido como un acto de normalidad democrática; en cambio, el castigo impuesto, además de excesivo, me parece impropio de una democracia, cuyo desarrollo debe tender a ampliar las libertades y la participación, no a limitarlas y a controlarlas con el miedo.
Visto con este espíritu y con la preocupación política del ciudadano, la actuación del teniente general Mena no produce “alarma social”. Hay otras cosas que sí producen “alarma social”, por ejemplo: asistir impotente a la violación sistemática de derechos fundamentales recogidos en la Constitución; incumplir sentencias del Supremo y ver que no pasa nada; cruzarse de brazos ante los que amparan la violencia terrorista; ver refugiarse en el Congreso de los Diputados a la banda independentista que atacó la sede de la COPE; constatar que crece la delincuencia organizada, se multiplican las bandas asesinas y aumenta la inseguridad ciudadana; sufrir el avance de un nacionalismo egoísta e insolidario... y tantas cosas más.
Traigo a colación el caso del general Mena porque sospecho que el castigo “ejemplarizante” que se le ha impuesto no ha resuelto el problema de fondo y ha provocado un revulsivo benéfico en la sociedad. Y decir esto no tiene nada que ver con golpismo ni con militarismo ni con franquismo… Este caso es sólo un dato más del ambiente convulso, inseguro y crispado en el que nos ha metido Zapatero para llegar no sabemos dónde ni cómo. En una democracia real, construida con la participación libre y responsable de los ciudadanos, el “calla y come” no tiene cabida. En determinadas circunstancias y con determinados gobernantes, practicar la democracia tiene muchos riesgos. Por salirse del guión y cometer la osadía de desmarcarse de la dictadura de lo políticamente correcto, la Cadena COPE tiene amenazada la continuidad de su emisión en Cataluña.
La Doctrina social de la Iglesia tiene en gran estima el legado político de Montesquieu en cuanto reconoce la validez del principio de la división de poderes en un Estado. Es el principio del Estado de derecho y del sistema democrático, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres. La democracia se hace con comportamientos democráticos. Hemos de resistir el retroceso a los tiempos del miedo y de la intimidación. Hemos de reclamar que renazca el Estado de Derecho y el imperio del espíritu y la letra de la Constitución como base común de la convivencia entre todos los españoles.
Juan Souto Coelho es miembro del Instituto Social “León XIII”