El Gobierno ha estado diciéndonos que no ha cambiado un ápice la política antiterrorista, que no ha roto el Pacto por las Libertades que firmó con el PP. Sin embargo, hoy podemos sospechar con fundamento que el PSOE, a la vez que firmaba dicho pacto con el PP, estaba negociando con la ETA. El Gobierno conoce las condiciones de la paz de ETA. Es normal que preguntemos: ¿qué paz es esa? Cuando no hay lealtad, transparencia y respeto a la palabra dada, es normal que crezca cada día la percepción de que tenemos un Gobierno que no es de fiar.
La democracia es un sistema de libertad y de participación. Zapatero dice que es imprescindible la unidad de los demócratas. ¿Para qué? ¿Para vestir de legitimidad democrática la ruptura de la Nación y el cambio encubierto de la Constitución? El discurso reiterativo de Zapatero es que, llegado el momento, la democracia sabrá ser generosa y lo resolverá todo. Este discurso vacío y engañoso, ¿dice lo mismo que el de los etarras? Dado que en su comunicado afirman que su "decisión es impulsar un proceso democrático", que "los Estados español y francés deben reconocer los resultados de dicho proceso democrático", que muestran el deseo de "conseguir una verdadera situación democrática para Euskal Herria"; Zapatero y ETA ¿hablan de lo mismo y nos venden lo mismo?
Pongamos la hipótesis de que el Gobierno y quienes le han secundado en el entusiasmo, ante el comunicado de ETA, nos están diciendo lo siguiente:
Uno: Los terroristas han matado, extorsionado, secuestrado, chantajeado e instaurado un régimen de terror, pero hemos llegado a esta situación: las legítimas instituciones del Estado de Derecho se sientan junto a los asesinos para negociar, porque hay una oportunidad para la paz definitiva.
Dos: Tenemos que saber que, en el futuro, España no va a ser la "patria común e indivisible de todos los españoles" porque la "indisoluble unidad de la Nación española" es un concepto discutible y discutido (Zapatero).
Tres: Después del proceso democrático, al que hace referencia ETA, quizá diseñado en el pacto de Perpiñán, entre Carod Rovira y la ETA, la Nación española se llamará de otra manera y será lo que quede después de reconocer que Cataluña es una nación (esto ya está hecho), que el País Vasco será una nación y que a otras autonomías también se llamará nación.
Cuatro: En cuanto a los presos de ETA, hay que tener en cuenta que han luchado convencidos de una causa justa, fueron luchadores de la nación vasca. Hay que aplicarles medidas humanitarias y flexibilidad en las leyes, ante las nuevas circunstancias favorables para la paz (Conde Pumpido).
¿Quién tiene derecho a marcar el camino de la paz?
No se puede hablar de proceso de paz con los terroristas armados y organizados, más fuertes que nunca, porque son quienes marcan el paso al Gobierno de Rodríguez Zapatero. Sin una declaración pública fehaciente de respeto a la Constitución española, sin la entrega de las armas y los explosivos, sin la disolución, sin la petición de perdón a las víctimas y el propósito de reparar los daños, en la medida de lo posible, sin la devolución del dinero a los empresarios extorsionados, sin la renuncia a la autodeterminación y la anexión de Navarra; no es moral, no existe fundamento ético para transitar el camino marcado por ETA. El camino lo tienen que marcar los pacíficos, el Estado de Derecho, la justicia, los ciudadanos de bien, las víctimas...
Yo creo que, junto a la cautelosa expectativa generada por el anuncio del alto el fuego de los terroristas armados, los católicos debemos recordar los principios elaborados por los obispos españoles en la Instrucción Pastoral "Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias"(noviembre 2002), sobre todo el capítulo V, del cual destacaría:
Uno: "Cuando la voluntad de independencia se convierte en principio absoluto de la acción política y es impuesta a toda costa y por cualquier medio, es equiparable a una idolatría de la propia nación que pervierte gravemente el orden moral y la vida social" (n. 30).
Dos: "El nacionalismo en que se fundamenta la asociación terrorista ETA no cumple las condiciones requeridas para su legitimidad moral, puesto que necesita absolutizar sus objetivos para justificar sus acciones terroristas; pretende imponer por la fuerza sus propias convicciones políticas atropellando la libertad de los ciudadanos; y llega a eliminar a los que tienen otras legítimas opciones políticas. Por todo ello, el nacionalismo de ETA es un nacionalismo totalitario e idolátrico" (n. 32).
Tres: "La organización terrorista ETA enarbola la causa de la libertad y de los derechos del País Vasco, al que presenta como una nación sojuzgada y anexionada a la fuerza por poderes extranjeros de los que sería preciso liberarla. Ésta es la causa que considera como supuestamente justificadora del terror que practica. Sin embargo, el nacionalismo de ETA y de sus colaboradores ignora que todo proyecto político, para merecer un juicio moral positivo, ha de ponerse al servicio de las personas y no a la inversa. Es decir, que la justa ordenación de las naciones y de los Estados nunca puede constreñir ni vulnerar los derechos humanos fundamentales, sino que los tutela y los promueve. De modo que no es moralmente aceptable ninguna concepción para la cual la nación, el Estado o las relaciones entre ambos se pongan por encima del ejercicio integral de los derechos básicos de las personas" (n. 33).
Cuatro: "España es fruto de uno de estos complejos procesos históricos. Poner en peligro la convivencia de los españoles, negando unilateralmente la soberanía de España, sin valorar las graves consecuencias que esta negación podría acarrear, no sería prudente ni moralmente aceptable.
La Constitución es hoy el marco jurídico ineludible de referencia para la convivencia. Recientemente, los obispos españoles afirmábamos: 'La Constitución de 1978 no es perfecta, como toda obra humana, pero la vemos como el fruto maduro de una voluntad sincera de entendimiento y como instrumento y primicia de un futuro de convivencia armónica entre todos'. Se trata, por tanto, de una norma modificable, pero todo proceso de cambio debe hacerse según lo previsto en el ordenamiento jurídico.
Pretender unilateralmente alterar este ordenamiento jurídico en función de una determinada voluntad de poder, local o de cualquier otro tipo, es inadmisible. Es necesario respetar y tutelar el bien común de una sociedad pluricentenaria" (n. 35).
En las circunstancias actuales, la información veraz y completa a los ciudadanos es irrenunciable, sobre todo a las víctimas, por justicia y dignidad, por respeto a la supremacía del Estado de Derecho y al orden constitucional. Lo demás puede derivar en métodos y medios mafiosos, que no traen la paz, sino la rendición del Estado de Derecho y de los pacíficos a los pies de los violentos. Por justicia y por ética, nadie nos puede pedir tal rendición. Pero tratarán de venderla y de comprar nuestra complicidad, como lo hacen con la masacre del 11-M y con el nuevo Estatuto de Cataluña. La perversión moral está servida; la vida humana, convertida en un valor utilitario, a precio de baratija; y las instituciones, sumidas en la bajeza moral.
Así las cosas, muchos millones de ciudadanos, católicos o no, se sentirían escandalizados si supieran que las instituciones aceptan métodos mafiosos de negociación, revestidos de la palabra "paz" y de la expresión "proceso democrático", como tapaderas. Es un secreto a voces: nos están engañando. El lenguaje hábilmente manipulado y repetido solemnemente está sirviendo para envolver a todos en la irracionalidad y en la inmoralidad. A diario, leemos y escuchamos que el Gobierno nos miente; y nosotros se lo permitimos, a cambio de escuchar, anestesiados, la palabra "paz".
Juan Souto Coelho es miembro del Instituto Social "León XIII"