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PROHIBICIÓN DEL ISLAM

Religio licita

El anuncio de Mercedes Rico-Godoy, directora general de Asuntos Religiosos, de que se impartirán clases de religión islámica en los colegios públicos ha dado lugar a una serie de reacciones, tal vez pocas. En mi opinión, en éste, como en otros temas de gravedad, llama la atención, por un lado, la pasividad de la sociedad española y, por otro, la irreflexividad y precipitación del gobierno a la hora de hacer determinados cambios.

Alfonso García Nuño
El anuncio de Mercedes Rico-Godoy, directora general de Asuntos Religiosos, de que se impartirán clases de religión islámica en los colegios públicos ha dado lugar a una serie de reacciones, tal vez pocas. En mi opinión, en éste, como en otros temas de gravedad, llama la atención, por un lado, la pasividad de la sociedad española y, por otro, la irreflexividad y precipitación del gobierno a la hora de hacer determinados cambios.
Mercedes Rico-Godoy, directora general de Asuntos Religiosos
Martín Prieto aseguraba que "la enseñanza del islam no puede ser fomentada por los poderes públicos porque es inconstitucional" y Luis Carbonel, por su parte, también ponía en duda la constitucionalidad del Islam y decía que "mientras que todos los españoles estamos sometidos al imperio de la ley, así como a la Constitución, el Gobierno apoya una religión que va en contra de la igualdad del hombre y la mujer, y que admite la poligamia y los azotes a la mujer mientras que no dejen marca". Los ejemplos podrían multiplicarse y seguramente quien más y quien menos tiene algún conocido que se haya expresado en parecidos términos. ¿Serán éstos exagerados en su modo de pensar o, por el contrario, los que así opinan tienen razones de peso para manifestarse de esta manera?
           
Escolar musulmana realizando sus tareasLa cuestión es, desde luego, de una extrema importancia pues, al plantearnos el problema, nos estamos preguntando sobre cuáles son los límites de la libertad religiosa o, lo que es lo mismo, si la democracia puede permitirse un espacio de excepcionalidad dentro de ella en el que tengan cabida no simplemente ideas y valores contrarios a la constitución y, por consiguiente, susceptibles de minarla por dentro y llevarla a su destrucción, sino sobre todo organizaciones y grupos que los sustenten. Otro problema es determinar si una religión en concreto está o no dentro de la legalidad. Pero este segundo paso solamente es posible darlo si previamente se da el primero.
 
En el antiguo derecho romano, al que tanto debemos en occidente, no tenían cabida todas las religiones y aquella que se adecuaba a los valores del Imperio era considerada como religio licita. En nuestro ordenamiento jurídico, acaso con demasiado retraso, ha ocurrido algo parecido con los partidos políticos. La médula del asunto fue el terrorismo y el apoyo que desde unas organizaciones políticas podría recibir. Pero lo que hay de fondo es lo que ya señalábamos, que la democracia no puede permitir organizaciones que vayan por su propia dinámica en contra de la existencia misma del sistema que incluye dentro de él el pluralismo ideológico.
 
No veo por qué las religiones vayan a hacer excepción a este respecto. Recordemos que algunas de las religiones precolombinas incluían en sus cultos los sacrificios humanos. ¿Solamente por el más que cuestionable principio multiculturalista habría que admitir tal aberración en nuestra sociedad? ¿Solamente por la libertad religiosa habría que dar carta de naturaleza a tales atrocidades? Los ejemplos extremos son eso, extremos, pero nos permiten ver hasta dónde dan de sí determinados principios si se llevan a la práctica. La libertad religiosa, como cualquier otro derecho o libertad, no es un absoluto ni se presenta nunca aisladamente, sino que siempre se da conjuntamente con los otros derechos y además jerárquicamente, pues unas libertades son más importantes que otras. Pensar en una ley de religiones que, a semejanza de la normativa sobre partidos políticos, planteara claramente los supuestos que situarían a una religión en la ilegalidad, no solamente no me parece un delirio fascista, sino que creo que es algo sumamente democrático, pues un estado democrático es un estado de derecho. En mi opinión, tal ley debería establecer la obligatoriedad, para cualquier religión, de reconocer la igual dignidad de todos, la renuncia a la teocracia, el permitir el cambio de religión, la condena de todo tipo de violencia o coacción en su expansión, etc. Dejémonos de demagogias multiculturalistas y miremos los problemás a la cara; así siempre hay más posibilidades de solucionarlos.
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