En una democracia, los distintos poderes públicos tienen el deber de hacer posible las condiciones sociales que permitan que tanto los individuos como los distintos grupos sociales puedan alcanzar su perfección. Desde luego, en lo que se refiere a la libertad religiosa, así lo ha entendido la constitución vigente, que no se ha conformado con reconocer dicho derecho sino que ha considerado necesaria la cooperación con las distintas confesiones religiosas para que la libertad religiosa sea efectiva (arts. 9.2; 16). Ahora bien, dicha cooperación tiene un sentido claro; no se trata de que haya una cooperación mutua, sino de que son los poderes públicos los que deben cooperar con las confesiones religiosas y esto ni como favor ni a cambio de nada, sino como un deber sin contraprestaciones. El gobierno debe promover las condiciones para que la libertad religiosa, tanto en su vertiente individual como grupal, sea real y efectiva, para lo cual incluso debe remover los obstáculos que puedan impedir el pleno ejercicio de dicho derecho fundamental. Desafortunadamente ha habido en estos pasados meses comportamientos que más bien daban la impresión de que se estuviera actuando en sentido contrario.
En octubre, el presidente Rodríguez Zapatero, en una entrevista, aconsejaba a la Iglesia Católica que se modernizara y se pusiera al día. Los gobernantes, en una democracia, en vez de aconsejar a los ciudadanos y a los grupos sociales, como si no tuvieran madurez suficiente, lo que deben pensar o cómo deben actuar, lo que tienen que hacer es garantizar que puedan pensar y actuar como les parezca oportuno. Mientras que las opiniones y actuaciones de la Iglesia no sean ni ilegales ni delictivas, el poder ejecutivo nada tiene que decir ni que hacer en contra.
Pero no ha habido sólo consejos, también se ha llegado al insulto. Prescindamos del "casposo" de J. Blanco; la Vicepresidenta Primera del Gobierno, Fernández de la Vega, llamó "señores tenebrosos" a curas y jueces. Luego rectificó y dijo que se refería a sectores minoritarios de la Iglesia que se oponían a los cambios emprendidos por el gobierno. ¡Qué más da que sean minorías! La democracia es precisamente el gobierno de la mayoría con el respeto a las minorías. A diferencia de los regímenes autoritarios, en un sistema democrático es totalmente legítimo oponerse, dentro de los cauces del ordenamiento jurídico, a la opinión de la mayoría. Cualquier persona, aunque sea ella sola, tiene perfecto derecho a discrepar del gobierno y, por ello, no debe ser insultada por los que detentan el poder para servir.
Pero además del consejito y del insulto, también la falsedad, que incluso podría ser una injuria. Nos referimos a lo de vincular a la COPE con la página web gruporisa.com y, a través de la emisora de radio, se responsabilizó también al episcopado católico de los contenidos obscenos de dicha página. Pese a no tener ninguna prueba sólida, Mercedes Rico, Directora General de Asuntos Religiosos, sacó una nota en que entre otras cosas decía: "el paso del tiempo no ha demostrado que la Cope quisiera desmarcar a sus colaboradores del Grupo Risa de los autores de la página web del Grupo Risa". Además de responsabilizar a alguien sin pruebas, que yo sepa en una democracia nadie tiene que demostrar que no es culpable, todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Ahora que, para cooperar con una confesión religiosa, lo de Amparo Valcarcel con las casillas del IRPF.