Lo cierto es que la tentación o amenaza estatalista es algo que no se circunscribe exclusivamente al tema que tratamos, pero en éste se ve de forma muy patente. No nos debe de extrañar; D. Juan Manuel, cuando aún no existía el Estado-Nación, ya decía en su Conde Lucanor: "Los omnes que grant estado tienen, de que todo lo suyo an librado a su voluntad, olbidan mucho aína lo que otrie a fecho por ellos". El Estado no suele recordar que su misma existencia la debe a la sociedad, que ha sido hecho para servir a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y no para monopolizar el ejercicio de los mismos o su imposición a los particulares.
Desgraciadamente, en el campo educativo, esta problemática prácticamente se ha polarizado en torno a la clase de religión. Ciertamente es el punto donde más virulentamente se ha manifestado y donde más claramente se ha visto un pulso entre un altísimo número de padres –millones de firmas recogidas, un ochenta por ciento de peticiones de clase de religión católica– y gobiernos varios. Pero esto no deja de ser sino una parte del problema, pues el derecho a la elección de la educación de los hijos abarca todos los aspectos de ella y no únicamente una asignatura. Por otro lado, es significativo que este tipo de reclamaciones las hagan solamente los directamente afectados, pues cuando un derecho es atropellado para un grupo de personas lo es para todos, por tanto, la sociedad debería de estar movilizada no simplemente por unos padres, sino por todos, pues todos necesitamos que el Estado tenga un papel subsidiario y que sean los padres quienes tengan el protagonismo en la educación de sus hijos. Por tanto, esto también es un serio problema, en nuestra sociedad hay una clara tendencia a delegar las responsabilidades y los padres, en no pequeña medida, no le hacen a esto ascos y parece, en muchos casos, como si abandonaran a sus hijos en brazos de la consejería autonómica de enseñanza correspondiente. Supongo que es un posible modo de ejercer el derecho, aunque no sea el más recomendable, pero los padres que no quieren dimitir de tales deberían tener garantizado que el Estado es solamente un auxiliar suyo y no un suplantador.
El derecho, aunque no es lo más importante, es claro sobre esto. El art. 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: "Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos". No se trata simplemente de elegir colegio o algunas asignaturas, sino incluso el tipo de educación, lo cual me parece a mí que se debería de entender de la forma más amplia posible. El modo en que lo han entendido los distintos gobiernos, tanto nacionales como autonómicos, ha sido más bien restringido y los que más libertad tienen a este respecto son quienes tienen más dinero, pues los demás se tienen que conformar con el molde que prevea la ley, aunque sea en estuche de centro concertado.