Todo poder en trance de totalizar el ejercicio de su dominio necesita un contrario, un enemigo para reafirmarse y superar la inercia de la historia. En España, el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero ya ha encontrado uno: la Iglesia Católica.
No se trata de entrar en la estéril discusión sobre si el Gobierno está obsesionado con la Iglesia o si el Gobierno, y los suyos, persiguen material o formalmente a la Iglesia, a lo cristiano y a los cristianos. De lo que se trata es de analizar, no tanto por lo que dice sino por las consecuencias que tiene lo que dice para la democracia, la permanente obsesión del presidente del Gobierno de creer que la Iglesia pretende, en la sociedad española, conquistar, mantener o consolidar un espacio que no le corresponde, el del poder político. No estaría de más que el presidente leyera algún texto de la conferencia episcopal y algo menos a los medios que le cacarean. A estas alturas, no parece creíble que el jefe del Ejecutivo no sea capaz de una distinción básica, en el ejercicio de la democracia y en la teoría de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, entre ética y política y los principios sobre los que se establece el diálogo público con el Gobierno y con la sociedad. No estaría de más que alguien le explicara al presidente, por ejemplo, el diálogo entre Habermas y Ratzinger o que le enviara un ejemplar del reciente libro de J. Habermas, Carta al Papa: consideraciones sobre la fe. Una de las características de nuestro tiempo, y una de las conquistas de la bienvenida modernidad, ha sido la del principio de la distinción, en general y entre la Iglesia y el Estado, condición indispensable para lo que Benedicto XVI ha denominado una "sana laicidad". El problema del presidente del Gobierno es que necesita crear en la sociedad española el espejismo público de que la Iglesia se inmiscuye en lo político, una técnica que sabe cuenta con réditos por mor de nuestra historia.
En el tan espontáneo y ciudadano diálogo en el dominical del boletín oficioso de la ideología del socialismo, que mantuvo hace días el señor Zapatero, no perdió la oportunidad para, una vez más, volver a la insidia de la especie manipuladora contra la Iglesia elevada a la categoría, al afirmar que la Iglesia pretende la supremacía del poder civil y un condicionamiento en la política social. Lo que el pensamiento cristiano pretende es la supremacía de la ética en la democracia, de una ética que salvaguarde la dignidad inviolable de la persona, nada más. Simple y llanamente, lo que dijo el presidente del Gobierno no es más que una falacia, argumental, por supuesto. Respecto a las relaciones entre la Iglesia y el Estado en España, hay que aclarar que la Iglesia y el Vaticano no están muy contentos con Zapatero es una forma de analizar la cuestión impropiamente. La lógica de la política de Estado impediría que se pudiera frivolizar de esa manera, como también no es fácil imaginar que los monseñores del Vaticano estén obsesionados con Zapatero. No tienen más que fijarse en los muros de su despacho para pensar que son ya muchos los siglos de historia ante tales provocaciones. Pero la gran mentira es confundir el discernimiento moral que realiza la Iglesia en el seno de la sociedad con la supuesta intromisión de la que le acusa el presidente del Gobierno, lo que indica que hay un nuevo socialismo que no quiere entender qué significa el ejercicio de la libertad pública de palabra, la libertad religiosa y la legitimidad social de la razón pública de naturaleza trascendente. No debemos olvidar que lo que está en juego, con esta incorrecta comprensión, es nada menos que los principios sobre los que articular una sana democracia. Lo que se exigiría de un presidente del Gobierno es un mínimo de respeto, ya que no podemos pedir un mínimo de rigor intelectual.